El pasado 17 de diciembre de 2021 entró en vigor en todos los países de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Esta directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (contratación pública, protección del medio ambiente, salud pública, entre otros) en las empresas.

La ley que se está tramitando en la actualidad para adaptar esta Directiva comunitaria a nuestro Ordenamiento Juridico obligará a aquellas empresas con 250 o más trabajadores a implantar un Canal interno de Denuncias en el plazo de 3 meses, mientras que las empresas  que tengan entre 50 y 249 trabajadores deberán contar con este Canal de Denuncias a partir del día 1 de enero de 2023, estableciéndose finalmente esta misma obligación para los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban fondos públicos, con independencia del número de empleados con los que cuenten.

Los canales de denuncia deberán garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia, realizar un acuse de recibo de la denuncia al denunciante y designar a una persona o departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias, entre otras obligaciones.

De igual forma, con ocasión de la entrada en vigor de la Ley, las empresas deberán revisar sus políticas de confidencialidad para que no entren en conflicto con la protección dispensada a los denunciantes, al establecerse la nulidad de cualesquiera cláusulas o disposiciones contractuales que impidan o pretendan limitar el derecho o la capacidad de informar sobre estas infracciones.

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley, las empresas se enfrentarán a sanciones económicas leves (hasta 100.000 €), graves (hasta 600.000 €) y muy graves (hasta 1.000.000 €), así como a otras sanciones accesorias, como la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales o de contratar con el sector público.

En conclusión, el Canal de Denuncias es una parte fundamental del Compliance de cualquier empresa. Su implantación, con todos los requisitos exigidos, no sólo permitirá detectar y frenar a tiempo actividades que ponen en peligro el buen funcionamiento y la reputación de la empresa, sino que también evitará la imposición de importantes sanciones económicas.